La horterísima vivienda que compró la pareja Iglesias-Montero, bautizada popularmente como Villa Tinaja o Villa Pablenin, es ILEGAL. Está construida sobre suelo de protección medioambiental perteneciente al LIC de la sierra de Guadarrama dentro de la Red Natura 2000. La fecha de finalización de obra fue 2002 aunque fue iniciada en 2001. Ya entonces el suelo de la parcela tenía la misma calificación medioambiental: Lugar de Importancia Comunitaria.

A pesar de que el catastro le da la categoría de «Suelo urbano», lo cierto es que no lo es. Tampoco lo es la casa vecina y parte del jardín de otra casa del Paseo de Riomonte, lugar que al ser ya sobradamente conocido dejó de ser un «secreto de estado» y de estar perseguido por la justicia.

Riomonte número 4, en la diputación de La Navata, en Galapagar no es lindante al parque natural, como afirman sin pudor los medios de la izquierda mediática, que son casi todos, sino que FORMA PARTE DE ÉL, como se puede ver perfectamente en la imagen tomada por el visor SIGPAC, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La parte derecha de la fotografía, sombreada en color verdoso, muestra los límites del LIC donde se ve claramente que las dos casas, ubicadas en los números 4 y 6 del Paseo de Riomonte, así como un pequeño trozo de jardín de la casa número 8 están construidas sobre suelo de especial protección.

La ley otorga a la administración los derechos de tanteo y retracto sobre este tipo de edificaciones, con el fin de restituir los espacios naturales a su configuración original.

En el caso actual hay varios problemas para su cumplimiento, lo que no significa que las autoridades no hayan cometido algún ilícito penal al no ejercitar ninguno de esos derechos, incluso al conceder licencia de reforma de obra mayor.

Uno de los problemas es el montante económico declarado en la compraventa (615.000 euros) cuando la realidad parece ser muy diferente y podría no haber bajado del millón de euros, diferencia de dinero que de intervenir la administración, como es su obligación, perdería el líder del partido morado y su actual concubina y madre de sus dos hijos.

Un lío legal que, de seguro, los servicios jurídicos que pagamos todos solventarán a favor del «marqués de Galapagar». Que nadie tenga la menor duda. Entretanto, una pareja de sevillanos ha tenido que derribar, por orden judicial, una modesta casita de 35 metros cuadrados en un lugar que, al igual que la «casita» de los Iglesias-Montero, se ubica en un espacio protegido de la Red Natura 2000. O las que se han derribado en Chipiona y que recoge el Diario de Cádiz con todo lujo de detalles.

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